23-08-2018

El Dr. Dibbern recibió la medalla en honor a su título honorífico "Doctor Honoris Causa". Foto: Cecomi

 

El Dr. Alberto Dibbern , reconocido catedrático, recibió el título de doctor Honoris Causa de la UNSE. Participaron de la ceremonia, la Ministra de Salud, madrina del homenajeado, Lic. Natividad Nassif, la vicerrectora, Mg. María Mercedes Díaz y el rector, Ing. Héctor Rubén Paz.

“Entregamos este reconocimiento al Dr. Dibbern  por su vocación y compromiso con la educación y por su gran generosidad con nuestra institución”, destacó el rector Paz en el inicio de la ceremonia, “es un claro ejemplo de alguien que ha trabajado  generando políticas en torno a la educación superior”.

Seguidamente, la Lic. Nassif, se refirió al merecido reconocimiento. Definió a Dibbern  como una persona comprometida con el crecimiento institucional de la UNSE, “se destacó por su trabajo realizado desde la humildad, en este caso desde una institución universitaria que buscaba su desarrollo desde la pertinencia local, actitud que refleja compromiso, ética profesional y por supuesto responsabilidad, legitimado como egresado de la UNLP como médico veterinario o como docente o en tantos proyectos en los que participó”.

La Lic. Nassif, justificó la entrega del título "Doctor Honoris Causa" al Dr. Dibbern. Foto: Cecomi

En cuanto a los atributos personales de Dibbern, Nassif destacó: “Desde su rol de facilitador, ayudo a promover la formación de recursos humanos en áreas del conocimiento que aparecían como vacancias y que sin embargo fueron abordadas advirtiendo la educación superior para transformar desde, en nuestro caso, la interculturalidad, que se concretó gracias a su gestión en la de dar el carácter de estudios universitarios a cursos de lengua en quichua”.

Tras recibir el título y la medalla, entregados por el rector y la vicerrectora, de nuestra Universidad, que le otorgaban el título de Honoris Causa, el Dr. Dibbern brindó su clase magistral:

El Dr. Dibber expusó en sus palabras el sentido de servicio de las universidades. Foto: Cecomi

 

Los desafíos de la universidad pública en la construcción de un país para todos

“La Reforma Universitaria gestada en la “Casa de Trejo” en Córdoba en el año 1918, constituyó el punto de partida para la organización de una Nueva Universidad para América Latina, que ha sustituido a la universidad cerrada y oligárquica, clasista e incomunicada socialmente, por una universidad abierta, popular y comprometida por la realidad nacional”.

“Desde Córdoba las proclamas reformistas se trasladaron a las demás universidades argentinas y más tarde e extenderían a lo largo y ancho de Latinoamérica. El movimiento trascendió los aspectos puramente universitarios y adoptó la característica de un planteo de lucha política y social para democratizar el acceso a la universidad y movilizar a las sociedades del continente para la defensa de su emancipación, frente la expansión del capitalismo mundial y sus repercusiones”.

“La Reforma Universitaria de Córdoba fue el inicio a un proceso de cambios que aún no esta colmado y ante el cual, queda mucho por actuar”.

“La educación y el conocimiento son bienes públicos y constituyen derechos personales y sociales y por lo tanto resulta un deber indelegable del Estado proveer a todos los ciudadanos una educación de calidad. Si entendemos a la educación como una estrategia de fortalecimiento de todas las potencialidades nacionales, como un proceso de disminución de desigualdades y un instrumento para alcanzar mayores niveles de justicia social; si la concebimos como un medio para acelerar el desarrollo económico, mejorar la calidad de vida y promover la realización social y personal de los ciudadanos con dignidad y libertad, concluiremos en la importancia de que el Estado asuma plenamente un rol protagónico como proveedor, regulador y garante de la educación y de su calidad”.

“En el contexto de las exigencias que impone la aceleración del desarrollo tecnológico, el avance de la globalización y las transformaciones derivadas de la sociedad del conocimiento, la Educación Superior no puede ser considerada fuera de los alcances del concepto del bien público que asignamos a la Educación en general. En este contexto la universalización de la Educación Superior es un objetivo de las políticas públicas y el acceso a ese nivel de la educación de cada vez más gente, constituye un desafío y un criterio de calidad del sistema ya que no puede considerarse de calidad un sistema educativo que margina a sectores de la población nacional, que no se exige a sí mismo criterios de equidad y justicia y que no pone su contribución a la altura que requieren el esfuerzo nacional de crecimiento y desarrollo social y económico”.

“La consideración de la educación superior como bien público no sólo señala un profundo cambio, rechazando el arbitrio del mercado en este campo, sino que la afirmación de este carácter público genera una mayor responsabilidad frente a los ciudadanos que contribuyen a formarlo, supone un bien común a todos, cuya administración, modalidad y características deben someterse a debate en la sociedad y a la rendición de cuentas”.

“El compromiso legislativo de tratar a la Educación Superior como bien público significa el rechazo de la resolución de la Organización Mundial del Comercio, que inscribe a la educación superior como “bien transable”. En consonancia con la postura surgida en la Conferencia Regional de Educación Superior como “bien transable”. En consonancia con la postura surgida en la Conferencia Regional de Educación Superior – CRES 2008, reafirmado recientemente en Córdoba “la Educación Superior es un bien público social, un derecho humano universal y un deber del Estado”. De esta manera cambió el sentido de los mecanismos que promueven y aseguran la calidad de las instituciones. Dejaron de ser instrumentos de medición comercial impulsados por un Estado descomprometido, para constituirse en herramientas dentro de procesos de mejoramiento de la calidad y la pertinencia. Procesos integrales en los que el Estado, realizando su deber a plenitud, concierte con instituciones autónomas, pero no abandonadas a la “autonomía de mercado”, la planificación del desarrollo y el cumplimiento de la función social sujeta a objetivos nacionales y regionales, para el fortalecimiento de la soberanía nacional, de la identidad y la integración suramericana”.

“La generación y trasmisión del conocimiento han sido desde sus comienzos las misiones básicas de la Universidad occidental según el modelo clásico. Más recientemente, su potencial de contribución a la innovación y al desarrollo de un modelo de crecimiento socio-económico sostenible, emergen como una tercera misión crecientemente reclamada por la sociedad y las administraciones públicas. Esta misión implica, desde luego, la contribución a la innovación, pero también y en un sentido más amplio el compartir conocimiento con la sociedad civil, el compromiso con la comunidad, la interacción con organismos de la sociedad civil, la contribución a la resolución de los grandes problemas sociales de nuestros días, y la implicación con el desarrollo económico y social del entorno, etc. Es decir, aun preservando sus funciones públicas de generación y transmisión del conocimiento las universidades no deben ser “torres de marfil” donde se genera y acumula el conocimiento que se trasmite a élites escogidas de la población, sino torres de conocimiento que se pone a disposición de la sociedad a través de la relación de la universidad con todos los agentes económicos y sociales incluyendo desde luego las empresas que necesitan del conocimiento para innovar”.

“El sistema universitario debe contribuir a la sostenibilidad social, económica y medioambiental. Se debe lograr que estas orientaciones se conviertan en señas de identidad de nuestras universidades, incorporándose de manera transversal a todas sus actividades, su gestión interna, y su proyección exterior”.

“Los aspectos sociales del llamado triángulo del conocimiento, junto a la concepción de la educación superior como una responsabilidad y un servicio público, y su traducción en distintas políticas dirigidas a posibilitar la igualdad de las oportunidades y la exclusividad, de constituir, además, uno de los principales pilares de la excelencia de las universidades”.

“El avance de la sociedad del conocimiento y la solución de los problemas sociales tiene que acompañarse, además, de una reflexión profunda sobre los modelos económicos, los valores, las formas de organización social y los comportamientos que han prevalecido. Es crucial que la formación que ofrecen las universidades, el conocimiento y la innovación que producen y trasmiten, se orientan a reforzar el compromiso con el entorno y a hallar las mejores soluciones en la dirección del desarrollo económico, la sostenibilidad y el bienestar social”.

“En el ámbito de la misión formativa de la Universidad, el compromiso con la responsabilidad social se debe impregnar el conjunto de los procesos formativos, en sus distintas modalidades. Los diferentes tipos de formación han de tener en cuenta este compromiso, tanto en objetivos y contenidos, como en los enfoques que presiden su diseño y realización. Se trata de formar a todas las personas vinculadas con las universidades en una ciudadanía activa e implicada con los desafíos de nuestro mundo y en búsqueda de las soluciones a las mismas. Esta nueva perspectiva, y los avances que se logren en esta dirección, deben llegar al mayor número de personas. Incorporar en su formación aspectos relativos a la ética y deontología profesional, valores, conocimientos y competencias de responsabilidad social, y el desarrollo sostenible”.

“Los objetivos de la responsabilidad social y el desarrollo sostenible de las universidades han de intensificarse en sus entornos locales. Deben involucrarse en la promoción económica, social y cultural de las comunidades, reforzando sus puntos fuertes y ofreciendo soluciones para minimizar sus problemas. El compromiso con el ámbito local inmediato debe prolongarse, en una atención igualmente responsable a los retos de un mundo creciente globalizado, coadyuvando con diferentes iniciativas a las necesidades de contextos más distantes, con una activa cooperación al desarrollo”.

“Nuestras Universidades deben tener como objetivo prioritario la recuperación del lugar de conciencia crítica que les corresponde, como foro no sólo de educación, sino también de cultura y transferencia de conocimientos, para generar espacios de investigación y recuperación de los saberes de las propias comunidades, en lo que atañe a los principales problemas que afectan a los hombres y mujeres de nuestro país, tales como la exclusión, la pobreza, la educación, la salud, el desarrollo económico, el medio ambiente y los derechos humanos. Se trata de renovar los fines, modernizar los métodos de enseñanza –aprendizaje, elevar su rendimiento e indagar sobre las necesidades del contorno social y ponerse a su servicio. La Universidad debe convertirse en uno de los actores principales de anticipación a los fines de favorecer los cambios para cumplir cabalmente con su misión. Debe desarrollar su capacidad para dar respuesta a las necesidades y los objetivos del progreso de la sociedad con el fin de contribuir a la elaboración de modelos integrales de crecimiento económico, desarrollo sustentable y equitativo”.

“La sociedad, a través de la Constitución y las leyes, ha otorgado a la Universidad Argentina niveles de autonomía institucional, académica y administrativa sin precedentes, que una encomiable historia de luchas y resistencia frente a las dictaduras y quiebres institucionales forjó en lo mejor de nuestra tradición universitaria. Esa autonomía constituye una responsabilidad cuya vigencia deben honrar los universitarios y el Estado debe garantizar, respaldando el más pleno ejercicio democrático interno, para que la universidad pueda realizar con la mayor calidad y plenitud la tarea que se le ha encargado: continuar con la formación de recursos humanos de la más alta calidad, profundizar su compromiso con el desarrollo sustentable de la Argentina, fomentando su capacidad para analizar y aportar soluciones a problemas complejos, contribuir al desarrollo regional y a la recuperación social ampliando los niveles de transferencia, realizando aportes para elevar la calidad de vida de los ciudadanos. De la autonomía surge un compromiso recíproco entre la Universidad, la Sociedad y el Estado".

“Ni las sociedades deben desistir del financiamiento ni las universidades olvidar el compromiso que asumen para con la sociedad”.

“En este marco la Universidad debe actualizar su función social asumiendo los desafíos que impone la realidad existente, pero también realizando un aporte protagónico a la generación de una realidad diferente, replanteándose permanentemente qué funciones debe cumplir y cómo, para contribuir al desarrollo sostenible en concordancia con el proyecto de crecimiento de la Nación”.

“Las Universidades deben ser sustantivas en esta sociedad, comprometidas con su futuro con todo lo que eso implica, con compromiso histórico y perspectiva internacional. La universidad puede y debe convertirse aún más en un centro de reflexión sobre el saber, así como en un foco de debate y de diálogo entre científicos y ciudadanos”.

“En un mundo donde el concepto de fronteras ha cambiado y la palabra integración cobra una dimensión mayor, en el cual se dan uniones regionales y descentralizaciones nacionales, debemos preparar a nuestros jóvenes en este contexto. La Universidad debe promover valores democráticos, reforzar y desarrollar las identidades culturales y desde esos valores, integrarse a redes de diferentes regiones y participar crecientemente en los espacios de interacción virtual”.

“Los retos de la globalización, los desarrollos de las tecnologías de la comunicación y la información, los avances sin precedentes en los campos de la ciencia y la tecnología, entre otros, se suman a la realidad latinoamericana de creciente tensión entre las políticas distributivas, de desarrollo autónomo y de recuperación del rol del Estado que alumbró el nuevo siglo. La persistencia de la injusticia social, la pobreza y la desigualdad de oportunidades que impacta también la educación superior, reclaman a las universidades otra forma de concebir y de utilizar la producción de conocimiento científico y tecnológico, así como repensar de manera urgente la formación de universitarios para asumir y superar sus realidades sociales”.

“La universidad no sólo debe dar formación profesional sino educar para la democracia y para construir la justicia social”.

“En la Universidad la generación y la transformación del conocimiento tiene que ir íntimamente unidas para hacer socialmente rentable su labor, con actitud proactiva frente a los debates sobre los grandes problemas nacionales. Para eso las instituciones universitarias, que han sido capaces de estimular el debate en la sociedad, aún en medio de la crisis, sostenida en su autonomía y en la libertad académica, deben enfocar su capacidad crítica a su propia organización, revisando las normas y las practicas que hayan desnaturalizado su rol esencial y la pudieran haber llevado a una perspectiva centrada en sí misma, desatendiendo los esfuerzos en la creación de una sociedad distinta y mejor”.

“Estos lineamientos y desafíos, tanto en el plano político como institucional, deben servir para contribuir al debate sobre los retos que se presentan para construir una universidad más inclusiva, pertinente y de calidad y vinculada con un modelo de país y de futuro mejor para todos los argentinos”.